El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley en el que se incluyen medidas para la reforma y modernización de la Administración Pública, entre ellas el refuerzo de la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos.
El texto regula la evaluación del desempeño obligatoria. Se valorará la conducta profesional y se medirá el rendimiento del personal, con el objetivo de mejorar la productividad y la prestación del servicio público.
Las evaluaciones serán consensuadas con las organizaciones sindicales y en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen.
Si un empleado público no obtiene resultados satisfactorios, se fomentarán medidas de formación para dotarle de herramientas que le permitan un mejor desempeño.
Para quienes superen las evaluaciones, habrá beneficios directos: Remuneración del complemento de desempeño, progresión en la carrera profesional y para el acceso a las formaciones que plantee.
En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleados públicos, el Gobierno impulsa «un modelo más ágil y eficiente» con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas.
Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año.
El Gobierno habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.
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